A partir del año 2002, mayormente ante el fracaso de campañas nacionales tales como “Fix 96,” dirigida por el National Immigration Forum; y la campaña en pro de la restauración de acceso a beneficios públicos para residentes permanentes, dirigida por el Center for Community Change; se configuro el concepto conocido como Reforma Comprensiva a la Ley de Inmigración. Este concepto y las múltiples conjugaciones organizacionales conformadas para el impulso de la misma, han dominado el trabajo de incidencia legislativa en cuanto a ley de inmigración y ha tenido también un impacto determinante en la manera como se ha desarrollado el trabajo pro derechos de inmigrantes en los Estados Unidos de América hasta esta fecha. De manera más reciente, el consorcio de organizaciones que han controlado el desarrollo del trabajo nacional en torno al concepto denominado CIR, han convergido en la campaña denominada “Reform Immigration for América” o RIFA por sus siglas en ingles. Este enfoque de trabajo sufrió un serio revés en el año 2007, y parece encaminarse nuevamente a una nueva derrota en el 2010. Para que el trabajo pro reforma migratoria justa, humanista y funcional pueda tornarse en un esfuerzo ganador; y si el trabajo pro derechos de inmigrantes a de tornarse en un verdadero movimiento social pro justicia; se vuelve imperativo dejar atrás el esquema denominado CIR y abrirle paso a nuevos enfoques verdaderamente estratégicos de trabajo que nos permitan desafiar los fundamentos racistas, xenófobos y pseudo nacionalistas del ataque sistemático en contra de los inmigrantes de hoy; y a su vez favorecer el entendimiento y la armonía social. Únicamente de esta manera vamos a comenzar a tener éxito en la necesaria labor de equipar al país con una ley de inmigración a la medida del siglo 21, y que a su vez rescate valores fundacionales de los EUA tales como la igualdad y la justicia para todos.
Desdichadamente, junio del 2010 nos encuentra una vez mas muy lejos de los cambios sustantivos que el país necesita y que las comunidades inmigrantes se merecen en cuanto a ley de inmigración, como también en cuanto al trato que reciben las personas migrantes en la sociedad estadounidense. El pasado 21 de marzo, cerca de 250,000 personas, mayormente inmigrantes latinoamericanos, se concentraron en Washington, DC, la ciudad capital de los Estados Unidos de América (EUA), para demandar reformas en la política de inmigración. Los manifestantes protestaron también por la manera en que la Administración Obama ha venido aplicando la ley actual. En los días previos a la movilización se dieron a conocer los datos de personas extranjeras deportadas a lo largo del año fiscal que concluyo el pasado 31 de octubre. En síntesis, alrededor de 387,000 personas fueron deportadas en dicho año, la vasta mayoría de ellos latinoamericanos y caribeños, con los mexicanos a la cabeza, con más de 250,000 deportados. Aun cuando la rama ejecutiva es responsable de aplicar las leyes existentes, el caso de la ley de inmigración plantea un desafío ético y moral para el Presidente Obama, pues en más de una ocasión el presidente ha afirmado que la ley actual es injusta, disfuncional e ineficaz.
La decisión de organizar la movilización del 21 de marzo, fue principalmente hecha por las organizaciones dirigentes de la campaña nacional denominada “Reform Immigration for América (RIFA),” como una medida extraordinaria con la cual se buscaba inyectarle vitalidad a los esfuerzos en pro de una reforma legislativa al estilo CIR. Lo cierto es que a pesar de la vasta capacidad operacional de RIFA, resultada de su incuestionable éxito en el campo de la recaudación de fondos; el año 2009 termino sin que las predicciones triunfalistas hechas por la dirigencia de RIFA desde finales del 2008 se materializaran. No solamente se terminó el 2009 sin que se aprobara una reforma al estilo CIR, sino que además, la propuesta bipartidista senatorial que RIFA había identificado como el vehículo estratégico para el avance de una reforma comprensiva, ni siquiera llegó a ser presentada en el 2009.
Como muchos recordaran, en la Casa de Representantes sí se presentó una propuesta de reforma comprensiva a la ley de inmigración a mediados de diciembre de 2009. Se trata de la propuesta conocida como CIR-ASAP (H.R. 4321). Dicha propuesta fue presentada de manera conjunta por los Representantes miembros de los siguientes comités de afinidad en la Casa de Representantes: Hispano, asiático, afro-americano y progresista. Sin embargo, en los círculos de dirigencia de RIFA, había un entendimiento claro que la propuesta presentada en la Casa de Representantes tenia únicamente la intención de servir como factor de motivación para las bases sociales de las organizaciones que RIFA había venido incorporando a su campaña de cabildeo y que después de varias predicciones no cumplidas de éxito, habían comenzado a cuestionar la viabilidad del robusto esfuerzo organizacional encabezado por una cúpula de organizaciones predominantemente basadas en la ciudad capital. El vehículo legislativo supuestamente ganador seguía siendo la inexistente propuesta bipartidista que se esperaba que surgiera desde el Senado.
La expectativa original de las organizaciones de Washington que estaban posicionadas para controlar el mensaje publicitario en torno a la marcha del 21 de marzo era que para ese día ya se contara con la rumorada propuesta de reforma en el Senado que habían venido privadamente trabajando los Senadores Schumer (D-NY) y Graham (R-SC). De haberse contado con la propuesta bipartidista en el Senado, la marcha se habría convertido en la evidencia del apoyo masivo con el que dicha propuesta contaría. Para la consternación de la dirigencia de RIFA, la esperada propuesta no llego a presentarse. Los organizadores tuvieron que conformarse con una columna de opinión escrita por los dos senadores antes mencionados y publicada por el periódico Washington Post, expresando su intención de trabajar en la presentación, eventualmente, de una propuesta de reforma comprensiva a la ley de inmigración en el Senado. La tarde de ese mismo viernes, la dirigencia de RIFA logro conseguir una reunión entre el Presidente Obama y los dos senadores ya mencionados. Sin embargo, para el final de esa misma tarde, el senador Graham declaro que si los demócratas decidían aprobar la reforma al sistema de salud del país sin apoyo republicano (tal y como eventualmente sucedió), eso pondría en peligro la colaboración bipartidista en otros temas de política pública considerados como prioridades para la nación, incluyendo la ley de inmigración.
A pesar que la movilización del 21 de marzo fue la más grande en el país en pro de reformas a la ley de inmigración desde la primavera del año 2006, su impacto en cuanto a cambiar las grandes tendencias políticas y legislativas del país, y particularmente del Congreso de los EUA, fue prácticamente nulo. Además, la marcha misma sucedió bajo la sombra de un apasionado debate legislativo en la Casa de Representantes, en torno a la propuesta de reforma al sistema de salud, que culmino ese mismo día con un voto de aprobación de dicha propuesta, sin ningún voto republicano a favor. Además de no haber reorientado las grandes tendencias nacionales, esta gran movilización no tuvo impacto significativo alguno en lo referente a cambiar la actitud renuente demostrada hasta esta fecha por la bancada demócrata en el congreso, ni las actitudes llanamente xenófobas y racistas que han predominado dentro de la bancada republicana.
Posterior a la multitudinaria marcha del 21 de marzo, RIFA convoco a una jornada de actividades de presión a senadores para el sábado 10 de abril. La más importante de estas acciones se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. En dicha actividad, el senador Harry Reid, quien es el jefe de la bancada demócrata en el Senado de los EUA, y quien está enfrentando el mayor desafío electoral en su historia, se comprometió a regresar a la ciudad capital con el fin explícito de elevar el tema de la reforma comprensiva a la política de inmigración, al más alto nivel de prioridad. Sin embargo, dentro de las dos semanas posteriores, el mismo senador se encargó de bajar los ánimos y a cambiar su promesa del día 10 de abril, por un vago compromiso de iniciar esfuerzos en la dirección de una reforma comprensiva en el 2010.
En los días posteriores a la aprobación de la propuesta de ley SB-1070, los senadores demócratas federales Schumer (NY), Reid (NV), Menéndez (NJ) y Feinstein (CA), presentaron un marco conceptual para una propuesta de reforma a la ley de inmigración. Dicho marco hizo eco a todo lo que se supone que el Sen. Schumer había venido negociando con el Senador Republicano Lindsey Graham, y va aún más lejos en su aceptación de conceptos punitivos, restrictivos, excluyentes y humillantes de las personas migrantes no autorizadas que ya residen en el país. Las respuestas al restrictivo marco conceptual presentado por los demócratas fueron muy variadas. Organizaciones nacionales de inmigrantes como NALACC, se pronunciaron enérgicamente en contra del marco conceptual, por considerarlo como una enorme concesión unilateral hacia los sectores políticos motivados por prejuicios racistas y xenofóbicos.
Las organizaciones nacionales dirigentes de RIFA, se pronunciaron mayormente en apoyo a dicho anuncio, calificándolo como un paso positivo en la dirección correcta, aun cuando expresaban preocupación con algunos de sus contenidos. La dirigencia del partido Republicano respondió aseverando que el marco anunciado por los demócratas obedecía al deseo de los demócratas de politizar, para fines electorales, el tema migratorio. Ningún legislador republicano se ha declarado listo para copatrocinar una propuesta legislativa basada en el marco conceptual demócrata.
Mientras que la tan esperada propuesta senatorial bipartidista de reforma comprensiva a la ley de inmigración, gestionada y promovida por la dirigencia de RIFA, no ha llegado ni a ser introducida, la iniciativa política estratégica en cuanto a política de inmigración, como también en cuanto al trato que se debe dar a personas migrantes (particularmente la población extranjera no autorizada), ha sido una vez mas retomada por los sectores políticos motivados por una agenda racista y xenófoba. Con la aprobación definitiva, a manos de la gobernadora Jan Brewer de Arizona, de la propuesta SB-1070, las fuerzas políticas pro derechos de inmigrantes han sido una vez más puestos a la defensiva.
El pasado 25 de mayo, y seguido de una reunión con legisladores Republicanos, el Presidente Obama anuncio el despliegue de 1200 efectivos de la Guardia Nacional, acompañado de una solicitud de $500 millones adicionales de gasto en función de un mejor control fronterizo. Si bien el Presidente y sus asesores explicaron de manera posterior al anuncio que el despliegue de la Guardia Nacional, como la solicitud de fondos para gastos adicionales no estaba relacionados a la aplicación de la ley de inmigración, sino únicamente a labores de apoyo en cuanto al tráfico de armas y de drogas, la percepción pública predominante ha sido que el Presidente hizo una concesión unilateral muy significativa a quienes han venido justificando la recién aprobada ley anti inmigrante de Arizona, como necesaria ante la inacción y negligencia del gobierno federal en lo referente al control fronterizo y la débil aplicación de la ley de inmigración actual. Al igual que ante otras concesiones hechas unilateralmente por líderes del partido Demócrata, el partido Republicano y las fuerzas políticas motivadas por el racismo y la xenofobia, únicamente han demandado muchas más concesiones.
En síntesis, las acciones recientes en cuanto a ley de inmigración por parte de líderes Demócratas del Senado, y del mismo Presidente Obama han puesto en evidencia dos de las principales fallas estructurales del enfoque de trabajo denominado CIR: En términos sustantivos, la narrativa del debate ha continuado siendo determinada y dominada por los sectores políticos racistas y xenófobos. Dichos sectores han venido consolidando el apoyo con el que cuentan dentro del partido Republicano, y efectivamente cambiando también la manera de pensar de muchos líderes demócratas, quienes parecen haber hecho suyas muchas de las premisas primeramente introducidas por sectores políticos cercanos al partido Republicano. Lo segundo es que a pesar de esa enorme concesión unilateral, el balance último en cuanto a reclutamiento de copatrocinadores republicanos sigue siendo cero. Consecuentemente, el enfoque de trabajo de incidencia política denominado CIR ha entrado una vez más en crisis, al no contar con el número mínimo de apoyos legislativos que harían viable tal tipo de reforma.
Las movilizaciones comunitarias en conmemoración del 1ro de mayo, las cuales han ganado fuerza en los últimos años como consecuencia de la participación de comunidades inmigrantes en los EUA, se tornaron este año en acciones de rechazo a la recién aprobada ley en el estado de Arizona. Las demandas en torno a una reforma migratoria comenzaron a ser más específicas: Aprobar el DREAM Act, aprobar Ag-Jobs, detener las deportaciones, cancelación inmediata de los acuerdos de colaboración (287 (g), comunidades seguras, etc.) entre la policía federal migratoria (ICE, por sus siglas en ingles) y los cuerpos locales de policía, referentes a la aplicación de la ley de inmigración, etc.
¿Porque ha fallado el esfuerzo denominado CIR, a pesar de ser hoy más fuerte que nunca antes?
En pocas palabras, porque la articulación de la campaña denominada RIFA, se concibió de manera divorciada del entorno político, económico, social y electoral que ha caracterizado a la realidad de la sociedad estadounidense a lo largo de los últimos años. En vez de haber diseñado una estrategia política y legislativa a partir de la realidad tal y como ha sido, los impulsadores del esquema denominado CIR han pretendido impulsar un esfuerzo esencialmente legislativo que ha venido chocando con la realidad. Los diagnósticos políticos hechos por la cúpula dirigente del esquema CIR han pretendido imponer sus aspiraciones de manera caprichosa, lo cual les ha llevado a pronosticar equivocadamente que la aprobación de una reforma migratoria comprensiva era inminente. Esta burbuja o microcosmo analítico conllevo a que en diciembre de 2008 se predijera que la victoria seria alcanzada para el verano del 2009 o en el peor de los casos, para el Día de Acción de Gracias del mismo año. Desdichadamente, preciados recursos financieros han sido consumidos a lo largo de los pasados ocho años, sin que haya resultados duraderos que mostrar a cambio.
Algunos de las grandes realidades que han sido ignoradas, o que han sido interpretadas de manera extremadamente convenientes por parte de los proponentes y principales impulsadores del esquema denominado CIR son las siguientes:
1. El trato que se debe dar a la población extranjera de hoy, al igual que el tema de reforma a la política de inmigración, no son temas resolubles a raíz de cuan importantes son para la comunidad Latina/Hispana en los EUA. Estos temas, debido a sus múltiples connotaciones económicas, sociales y culturales; dejaron de ser temas tangenciales de la vida política del país, y se han convertido en grandes temas de nación. Consecuentemente, el que el ahora Presidente haya prometido que iba a conseguir la aprobación de una reforma comprensiva a la ley de inmigración en su primer año de gestión presidencial ante públicos de origen Latinoamericano, no podía tomarse como una promesa realista, ya que el presidente no hizo tal promesa ante sus compromisos amplios con la nación en su totalidad.
2. El triunfo electoral del partido demócrata en las elecciones de noviembre de 2008, el cual dejo a dicho partido en el control de ambas cámaras legislativas federales, de ninguna manera podía interpretarse como un sinónimo de apoyo mayoritario en pro de una agenda afirmativa pro derechos de inmigrantes o pro reforma comprensiva a la ley de inmigración. Tanto en el Senado, como en la Casa de Representantes, ha habido grupos de legisladores demócratas que ostentan posiciones llanamente anti-inmigrantes y definitivamente en contra de cualquier reforma legislativa que otorgue residencia permanente a inmigrantes indocumentados que residen en los EUA.
3. La crisis económica que comenzó a configurarse a finales del 2007, la cual a partir de diciembre de ese año comenzó a expresarse en la perdida sistemática de puestos de trabajo, continuo en un patrón de deterioro a lo largo del 2008 y del 2009, al grado que para enero del 2009, se habían perdido casi 4 millones de puestos de trabajo. Dicho patrón de pérdidas de puestos de trabajo continúo empeorando hasta finales del 2009. Esta realidad ha venido haciendo imposible la viabilizarían de una reforma comprensiva a la ley de inmigración, incluyendo una tan punitiva como la que se ha venido rumorando desde el Senado de los EUA.
4. Más allá de la perdida sistemática de puestos de trabajo, la crisis financiera doméstica y global que ha puesto el modelo global de capitalismo promovido por Wall Street a lo largo de las últimas décadas en una condición de crisis, no ha permitido dedicar capital político a tantos temas controversiales de manera simultánea tales como la reforma al sistema de salud, la reforma a la política energética, la reforma al sistema financiero mismo, etc. Todos estos temas han sido claramente identificados por la Administración Obama como temas prioritarios ante la nación entera. En el último mes, el derrame de petróleo en el Golfo de Mexico ocasionado por la compañía petrolera multinacional BP, se ha añadido a la lista de grandes desafíos políticos que ha tenido que enfrentar la Administración Obama.
5. La decisión del liderazgo Republicano en ambas cámaras del Congreso de obstruir sistemáticamente la agenda política y legislativa del partido Demócrata, y más específicamente, la gestión Presidencial de Barack Obama, dejaba muy poco espacio para colaboración bipartidista. Como lo demostró el muy escaso apoyo republicano para temas de importancia sistémica para los EUA, tal como el paquete de recuperación y estímulo económico aprobado a principio del 2009; y como lo dejo claramente demostrado el largo debate y eventual aprobación de la reforma al sistema de salud (sin apoyo republicano alguno); el partido republicano no ha mostrado disposición seria de colaboración bipartidista alguna.
6. Más allá de la decisión obstruccionista del partido republicano en el Congreso de los EUA, las fuerzas políticas más conservadoras del país han venido articulando una agenda muy beligerante en contra del Presidente Obama. Dado el enorme peso ideológico de los temas inmigrantes y política de inmigración, ha sido muy previsible que si en las condiciones actuales el tema de reforma a la política de inmigración pasara a ser un tema central de la gestión política del Presidente Obama y del liderazgo demócrata en el Congreso, esto causaría una movilización visceral de los sectores sociales que giran en torno al denominado “Tea Party Movement,” al grado que complicaría enormemente la dinámica electoral para el partido demócrata en camino a las elecciones de término medio a realizarse en noviembre de 2010.
Estas son únicamente algunas de las características del gran entorno en el que hemos venido funcionando a lo largo de los últimos años, y que si hubieran sido interpretados de manera objetiva, seguramente habrían conllevado a una estrategia política y eventualmente legislativa, muy diferente a la que ha venido siendo impulsada por la dirigencia del esquema denominado CIR.
La carencia de una estrategia política cimentada sólida y objetivamente en la realidad, a diferencia de una basada en una interpretación selectiva y a conveniencia propia; ha conllevado a la siguiente paradoja: La incapacidad de avanzar sustantivamente una agenda política pro-inmigrante y pro reforma migratoria justa; está sucediendo al mismo tiempo en que la infraestructura organizacional de los impulsadores del esquema CIR es más robusta y mejor equipada que nunca antes en la historia.
¿Cómo avanzar en el 2010 en la dirección correcta?
Indudablemente, las comunidades inmigrantes han venido sufriendo de manera sistemática las consecuencias del marco jurídico profundamente punitivo, excluyente y restrictivo que se puso en vigencia a partir de 1997, como consecuencia de la aprobación en 1996 de varias leyes federales, en particular la Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrantes, conocida como IIRIRA por sus siglas en ingles. Además de los cambios en la ley en si ya mencionados, la narrativa nacional que presenta al inmigrante de hoy como una amenaza para la nación, ha seguido predominando en el debate público y legislativo hasta la fecha. Como las estadísticas relacionadas a la aplicación de la injusta, obsoleta e inmoral ley de inmigración actual lo demuestran, las principales víctimas de esta política han sido las comunidades inmigrantes latinoamericanas y caribeñas, especialmente la comunidad inmigrante mexicana.
Como cosa de principio, y como meta ideal de largo plazo, no hay duda que la ley de inmigración de los EUA merece ser reformada en su totalidad. Sin embargo, la historia de los pasados ocho años ha demostrado que independientemente de su mérito, una reforma integral a la ley de inmigración, hecha de un solo golpe, ha demostrado ser inalcanzable. En otras palabras, los esfuerzos en pro de reformar la ley de inmigración por medio de propuestas de reforma comprensiva, aun cuando cada una de esas propuestas han estado cada vez más cargadas de contenidos punitivos, excluyentes humillantes de las comunidades inmigrantes; han sido un fracaso.
El pasado 30 de mayo se llevó a cabo una reunión de emergencia de líderes Latinos e inmigrantes Latinoamericanos, co-organizada por las organizaciones socias en el esquema colaborativo conocido como Congreso Latino Nacional, del cual la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas (NALACC), es parte. La reunión giro en torno a cómo articular una agenda pro justicia para los inmigrantes. La más importante conclusión alcanzada en dicha Cumbre Latina fue que teníamos que trabajar en pro de alcanzar cambios legislativos iniciales concretos en el marco del año en curso. Específicamente, se acordó apoyar la aprobación de propuestas tales como la DREAM Act, AgJobs y otras propuestas legislativas de alcance limitado, que de ser aprobadas, constituirían una serie de pasos iniciales en la dirección de ir poco a poco avanzando hacia una nueva ley de inmigración, estructuralmente nueva.
Las organizaciones cuyos dirigentes nos reunimos en Phoenix, AZ estamos absolutamente claros y comprometidos con la necesidad imperativa de equipar a los EUA con una nueva ley de inmigración justa y funcional, capaz de servirle adecuadamente al país y a las comunidades migrantes en el siglo XXI. Sin embargo, reconocemos que llegar a los grandes cambios ya mencionados seguramente será el producto de un avance gradual a lo largo de varios años.
Otra de las grandes conclusiones alcanzadas es que necesitamos hacer un esfuerzo más riguroso y firme de exigencia ante el Presidente Obama en lo referente a un uso más justo y sensato de su poder de discreción en lo referente a la manera en que se aplica la ley de inmigración actual. Es urgente que el Presidente Obama ponga fin a los acuerdos de colaboración en torno a la aplicación de la ley de inmigración entre el gobierno federal y los cuerpos locales de policía, sean estos bajo la cláusula “287 (g)” de la ley de inmigración actual, o bajo el programa “comunidades seguras.” De igual manera, es urgente priorizar la aplicación de la ley en áreas de supresión y prevención de actividades criminales tales como el tráfico de armas, de drogas y la trata de personas; en vez de gastar recursos públicos para perseguir y deportar personas cuya única infracción a la ley es el trabajar en los EUA, pagar impuestos y proveer apoyo para sus familias. Los arrestos, encarcelamientos y deportaciones de personas migrantes debe cesar inmediatamente.
Otra tarea urgente será regresar a la mesa de diseño y redefinir las premisas desde las cuales se debe concebir la gran tarea de reformar la ley de inmigración. Desdichadamente, el concepto denominado “Comprehensive Immigration Reform,” ha llegado a ser sinónimo de más castigo, más exclusión y más restricciones para las comunidades inmigrantes. Es imperativo arribar a una nueva formulación de los cambios últimos que buscamos. Por sobre todo, es urgente trabajar arduamente por cambiar la narrativa que ha predominado hasta ahora en el debate político y legislativo acerca de las personas migrantes. Mientras la narrativa dominante siga siendo una que presenta al inmigrante de hoy como una amenaza para el bienestar y el progreso del país, y no como personas que trabajan duramente para ganarse la vida y proveer para sus familias, va a ser imposible llegar a una formulación justa y funcional para una ley de inmigración capaz de servirle al país y a las comunidades inmigrantes mismas en el Siglo XXI.
